Colombia: las consecuencias de la fiebre del oro

Por Maximiliano Sbarbi Osuna

Paramilitares desmovilizados y guerrilleros encuentran en la extracción ilegal del oro una nueva forma de financiamiento de la guerra interna. El gobierno de Juan Manuel Santos prometió terminar con esta actividad, aunque no toda extracción informal del oro está ligada a las guerrillas.

Oro

El resultado de la erradicación del cultivo de coca en Colombia, llevado a cabo por el gobierno de Bogotá con el apoyo de los Estados Unidos, vuelca a los grupos armados a producir una masiva extracción de oro para poder seguir financiando la interminable guerra interna.

El incremento del precio internacional del oro en un 30 % en el último año provoca que guerrillas de izquierda, paramilitares desmovilizados y bandas narcotraficantes resuciten una gran cantidad de minas de oro, cambiando una actividad ilegal por otra legal.

De acuerdo con un informe del diario New York Times, para actuar dentro de la ley, los nuevos explotadores mineros utilizan a miles de campesinos, que perdieron su fuente de ingresos por los planes de erradicación de la coca, que de manera artesanal extraen oro de minas abandonadas o de nuevos yacimientos que aun no han sido explotados.

Estos campesinos, usan el mercurio para separar el oro del barro. De acuerdo con un documento de la ONU publicado en 2010, en el departamento de Antioquia, en donde se encuentra Medellín, se liberan en el agua unas 67 toneladas de mercurio anualmente. Este material, altamente tóxico, está contaminando los ríos, el suelo y a los mineros que manipulan manualmente el oro.

Según la misma investigación, alrededor de 30 mil mineros participan de esta nueva fiebre del oro.

NUEVA FORMA DE FINANCIAMIENTO

En 2010, Colombia produjo 1,6 millones de onzas troy de oro, valoradas en unos US$2.400 millones. Se espera que en el 2012 la cifra supere los US$ 5 mil millones, según, la entidad estatal que fijas las políticas mineras, Ingeominas.

Asimismo, el gobierno colombiano informó que alrededor de la mitad de las minas de oro y carbón que existen son ilegales.

Entre los nuevos productores de oro se encuentran, de acuerdo con una investigación de la revista Time, bandas narco, guerrillas como las FARC y el ELN y ejércitos paramilitares de derecha, que cobraron subsidios por haberse desmovilizado. Estos grupos armados les cobran impuestos extorsivos a los campesinos que se dedican a la explotación del oro, tal como hicieron con los cultivadores de coca o los campesinos en general.

En enero pasado, unos 5 mil campesinos marcharon para solicitar al gobierno que cese las acciones militares contra los productores de oro. De acuerdo con la revista Time, varios de los manifestantes adujeron que las FARC los habían obligado a marchar, aunque también reconocieron que la extracción de minerales les permite ganarse la vida.

Aunque según el New York Times, hay nuevos actores implicados en el negocio del oro. Algunos dueños de las minas son paramilitares que dejaron las armas, pero que disponen de nuevos ejércitos privados. De acuerdo al informe del diario, en Antioquia, existen dos grupos que se disputan las zonas auríferas: los Urabeños y los Rastrojos, grupos que tienen más de 1.200 combatientes en sus filas. Los combates dejaron de ser ideológicos, sino que ahora se lucha para disputarse las rentables zonas mineras.

Gran parte de los beneficios del oro van a parar a la compra de armas por parte de las guerrillas y paramilitares, pero otra parte de la inversión minera se realiza para lavar el dinero obtenido por los secuestros y el narcotráfico, ya que la extracción de oro bajo una licencia que obliga al productor a pagar el 4 % de las ganancias es una actividad legal.

NO GENERALIZAR

Por su parte, el gobierno de Juan Manuel Santos advirtió que existe una gran cantidad de productores ilegales de oro y que una de sus prioridades va a ser combatir esta actividad ilícita.

Sin embargo, aquí pueden surgir dos errores por parte del gobierno. El primero es que no toda la explotación ilegal del oro está relacionada con guerrillas o bandas criminales. Existen varios pequeños productores mineros que no cuentan con los permisos para la extracción de los yacimientos, y eso no significa que estén relacionados con el lavado de dinero o con el financiamiento de la guerra.

El segundo es que las bandas criminales utilizan a campesinos como testaferros, para no aparecer como dueños de la mina, con la que lavan dinero o extraen recursos económicos para utilizarlos en la guerra. Por eso, varios de los mineros actúan dentro de la legalidad, pero detrás de ellos están las guerrillas y nuevos señores de la guerra que cuentan con ejércitos privados y que se disputan las zonas mineras con otros productores.

Por eso, el gobierno debe encarar cuidadosamente la lucha contra la minería ilegal, porque la presencia de las bandas que financian la guerra es muy difusa y lo que parece legal puede esconder actividades ilegales o lo que es peor, pequeños productores artesanales que extraen el oro de manera ilegal, no están relacionados con la cruenta maquinaria de guerra que desangra al país desde hace más de cuatro décadas.

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