Costa Rica: con el sello de EE.UU.

Por Maximiliano Sbarbi Osuna (publicado en el sitio Observador Global el 14/07/2010)

La Asamblea Legislativa aprobó la propuesta de la mandataria Laura Chinchilla de permitir el ingreso de miles de soldados, buques de guerra, helicópteros y aviones de combate estadounidenses entre julio y diciembre de 2010. El objetivo: reforzar la vigilancia y luchar contra el crecimiento de las bandas de narcotraficantes. Ni el Plan Colombia ni la Iniciativa Mérida en México, que implican la intervención de Washington, están consiguiendo reducir la producción de drogas en Latinoamérica. ¿Qué resultado tendrá la incursión del Pentágono en el país más próspero de América Central?

La creciente militarización de América Latina y el Caribe por parte de efectivos norteamericanos acaba de avanzar hacia una nueva fase: la presencia masiva de marines en Costa Rica, país que en 1948 abolió a sus propias fuerzas armadas.

La Asamblea Legislativa aprobó por 31 votos, sobre un total de 57, la  propuesta de la presidenta Laura Chinchilla de permitir el ingreso de 7 mil soldados, 46 buques de guerra, 200 helicópteros y aviones de combate, que va a enviar el Pentágono desde julio a diciembre de 2010.

Sin embargo, aun se desconoce el plazo que los marines van a permanecer patrullando, tanto las costas del Caribe como las del pacífico, en el país más próspero de América Central.

Este nuevo acuerdo militar se basa en el convenio suscripto en 1999 mediante el cuál los guardacostas de Costa Rica y de Estados Unidos patrullan los litorales para evitar el tráfico de drogas. En este caso, la justificación es la misma, reforzar la vigilancia y luchar contra el crecimiento de las bandas de narcos, que exportan cocaína hacia el mercado norteamericano.

Avance continental

En un año el gobierno encabezado por el premio Nobel de la Paz, Barak Obama, recuperó en Latinoamérica el terreno perdido por su antecesor, George W. Bush, que se centró en la invasión de Irak y Afganistán, descuidando su tradicional área de influencia, en donde proliferaron varios gobiernos que cuestionan abiertamente la injerencia norteamericana.

En junio de 2009 se produjo el golpe en Honduras respaldado abiertamente por EE.UU. Además, se reforzó la Iniciativa Mérida, por la cuál Washington interviene en las decisiones de seguridad del gobierno mexicano a cambio de un financiamiento de 1.400 millones de dólares durante tres años.

Asimismo, parte de esta estrategia de recuperación de la hegemonía continental es el envío desproporcionado de 16 mil soldados a Haití, luego del terremoto de enero pasado. En tanto, el refuerzo de militares en las bases norteamericanas ubicadas en las Antillas Holandesas, a pocos kilómetros de la costa venezolana, coincide con el aumento de militares estadounidenses en Panamá y del operativo Panamax 2010, ejercicios militares conjuntos que se desarrollan desde hace siete años en las costas panameñas. Este año estas prácticas bélicas se van a llevar a cabo en agosto.

Pero, el acuerdo militar más importante es el que EE.UU. pactó con Colombia en septiembre de 2009 para utilizar siete bases militares con sofisticados aviones y equipos de guerra.

De acuerdo con varios analistas costarricenses la disposición votada por el Parlamento de ese país a fines de junio no sólo viola la Constitución, que prohíbe la presencia de tropas en el territorio nacional, sino también una disposición judicial de principios de julio que considera ilegal la extensión del acuerdo de patrullaje costero.

Sin embargo, debido a la mayoría parlamentaria y a la presión mediática, la coalición oficialista  ganó la pulseada y logró imponer la medida.

Las excusas que esgrime el gobierno de Chinchilla son variadas. La primera es que las fuerzas de seguridad de Costa Rica no logran detener a los narcotraficantes. Otra explicación dada por un diputado oficialista es que considera lógico que Washington envíe tropas al país ante la masiva compra de armamento ruso por parte de Venezuela, argumento descabellado que si llegase a ser tomado seriamente se podría deducir que Costa Rica se estaría preparando para una guerra regional.

Sin embargo, la mayor preocupación que produce el envío de miles de marines a un país extranjero es siempre es la inmunidad jurídica que conlleva el acuerdo. Los militares norteamericanos están exentos de ser juzgados por la justicia costarricense por cualquier delito que pudiesen cometer, dado que mediante el nuevo tratado, la justicia militar norteamericana es la que mantiene la jurisdicción legal sobre sus soldados. Esta misma cláusula se aplicó en Paraguay y en Colombia durante la era Bush.

Militares y narcotráfico

En un informe publicado el mes pasado por la ONU titulado “La globalización del delito”, se detalla que la lucha mundial contra el narcotráfico no logró sus objetivos iniciales, sino que potenció la expansión y el aumentó de la rentabilidad de la venta de drogas.  Desde 2008, varios bancos han evitado la quiebra en gran parte por absorber fondos difusos que provienen de la venta de narcóticos, de acuerdo con el mismo documento.

La ocupación militar de Afganistán, que ya lleva casi nueve años no pudo reducir el cultivo de amapola, la base del opio y la heroína, sino que de 185 toneladas de producción en 2001 pasó a 8.500 toneladas anuales en 2010, que generan una rentabilidad de 65 mil millones de dólares, de acuerdo con el informe de la ONU.

Está demostrado que el Plan Colombia no redujo la capacidad de producción de drogas del país, ni tampoco lo está logrando la Iniciativa Mérida en México.

Por eso, es muy improbable que un despliegue semejante de tropas en Costa Rica, un país que no está en guerra, contribuya a detener las redes de narcotráfico internacionales, que parecen cada vez más favorecidas en el continente americano y el mundo.

http://observadorglobal.com/costa-rica-con-el-sello-de-ee-uu-n8628.html

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