Hidrocarburos, el eje sobre el que gira la política boliviana

Por Maximiliano Sbarbi Osuna (publicado en el diario BAE el 7/12/2009)

Desde la llegada de Evo Morales al poder el panorama energético boliviano y regional ha cambiado radicalmente. A pesar de las voces encontradas con respecto a la viabilidad del proyecto de estatización de los recursos estratégicos, es inédito el avance hacia una equidad en la distribución de las regalías que proporciona la producción de gas. Es cierto que la tan anunciada nacionalización de los hidrocarburos no se completó totalmente y es improbable que el decreto emitido en este sentido por el gobierno de Morales el 1 de mayo de 2006 se cumpla al pie de la letra.

Pero, ¿es lícito condenar la gestión del presidente que intenta revertir los efectos de las privatizaciones y del saqueo sin control de los recursos energéticos durante la década pasada?

Por un lado, hay que reconocer los históricos avances en materia energética del actual gobierno y situarse en el contexto de extrema debilidad en que se encontraba el Estado boliviano y su empresa energética estatal YPFB luego la ola neoliberal de expoliación de los recursos sufridos durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Sin embargo, no hay que dejar de señalar las excepciones que se vieron obligados a hacer los legisladores del partido oficialista MAS para poder continuar con las reformas. Muchas de estas concesiones violan el decreto de nacionalización de 2006.


Efectos de la nacionalización

Cuando el gobierno boliviano emprendió la dura tarea de nacionalizar el gas, era consciente de que la resistencia de la oligarquía local y del capital multinacional iba a ser violenta. La alianza política y económica con Venezuela propició el cambio de las reglas del juego energético a favor del Estado.

El gobierno de Chávez le proporciona a Bolivia 200 mil barriles de petróleo mensuales a un precio irrisorio y le permite a YPFB operar en la venezolana Franja del Orinoco. Además, le otorga experiencia, recursos y la capacidad empresarial para llevar a cabo la nacionalización energética.

En este contexto, Morales obligó a las multinacionales a reformular los contratos, en los cuáles la participación estatal en la producción de hidrocarburos pasaría del 50 al 82 por ciento. De esta manera, el Estado empezó a recibir US$ 1.000 millones por año en lugar de los US$ 500 millones que recibía antes de la nacionalización por las regalías del gas.

La cláusula se respetó, sin embargo, la oposición obligó al oficialista MAS a incluir un inciso por el cuál las empresas privadas no perderían los beneficios adquiridos en la cadena de producción.

Es decir, que seguirían siendo concesionarias y administradoras de las ganancias que se obtuviesen en la exploración, refinamiento, transporte y exportación del gas, ya que YPFB no cuenta con las condiciones técnicas apropiadas ni la infraestructura para participar en todos los eslabones de la elaboración de los hidrocarburos.

Por lo tanto, YPFB se concentró principalmente en la extracción y producción del gas y  petróleo del subsuelo boliviano.

Esta debilidad estructural fue aprovechada por las multinacionales que evitaron realizar las inversiones prometidas con el pretexto de que en Bolivia existe una supuesta inseguridad jurídica.

Es probable que este sea un método de presión para que el Estado boliviano revierta parte de la nacionalización. Este golpe económico coincide con los intentos desestabilizadores que provinieron desde las gobernaciones opositoras, con el apoyo de la embajada norteamericana.

En tanto, la falta de inversiones impidió el crecimiento de la producción de gas boliviano en los últimos tres años. De los 7,7 millones de metros cúbicos diarios que Bolivia le prometió a Argentina, nuestro país sólo recibió un promedio de 3 millones.

Sin embargo, Brasil pudo contar con los 30 millones diarios que Bolivia se comprometió a enviar a cambio de que Petrobrás aceptara el nuevo contrato establecido por el decreto de Evo.

El gobierno boliviano está elaborando una nueva Ley de Hidrocarburos, que va a ser publicada en enero. Algunos analistas afirman que, mediante el nuevo cambio de los roles del Estado y de las privadas, las empresas van a dejar de ser concesionarias para transformarse en proveedoras de servicios, con lo cuál el Estado va a mantener la soberanía sobre los recursos energéticos.

Pero, los más pesimistas advierten que esta medida es un intento desesperado del gobierno para atraer inversiones ante la baja de la producción, lo que significaría una concesión más del Estado hacia el capital privado.

La gran apuesta que debe hacer el gobierno es estimular la industrialización del gas, así el Estado puede agregarle valor a este producto primario.

Historia

Bolivia cuenta con 750 mil millones de metros cúbicos de gas. Es el segundo productor sudamericano detrás de Venezuela.

Luego de la guerra con Paraguay por el Chaco en la década del treinta, que en realidad fue una contienda bélica entre empresas petroleras norteamericanas e inglesas por el control de los hidrocarburos, se creó YPFB.

Desde 1969, mediante la primitiva Ley de Hidrocarburos se producía una mixtura entre estatización y participación privada, que le aportó al país numerosas divisas, pero los sectores más beneficiados fueron las oligarquías del departamento de Santa Cruz, que es desde donde se extraía el gas.

En las décadas del ochenta y noventa se reformó la Ley de Hidrocarburos y se procedió a desmantelar la participación del Estado, lo que le abrió las puertas a decenas de compañías privadas extranjeras.

Futuro del gas

A pesar de las dificultades y las cláusulas maliciosas que el gobierno de Morales tuvo que introducir por la presión del capital internacional, la actual administración logró importantes avances sociales, como por ejemplo la subvención de un incentivo económico a los mayores que no perciben una jubilación, que se extrae de las nuevas regalías del gas.

Pero, por otro lado, el Estado tuvo que destinar parte de las ganancias en cubrir las inversiones que no efectuaron las empresas privadas, acción que va en contra del decreto de mayo de 2006.

Sin embargo, la presión de las multinacionales podría llegar a revertirse, ya que ante la posibilidad del triunfo de Morales, que venía adelantando las encuestas, la hispano  argentina Repsol YPF anunció la semana pasada que invertiría unos US$ 1.500 millones en los próximos cinco años, para abastecer a Argentina y al mercado interno boliviano.

Esto no significa que las multinacionales vayan a ceder completamente ante la redistribución del ingreso, sino que de a poco se está empezando a acomodar al nuevo escenario, lo que podría darle más oxígeno a Evo y reforzaría de esta manera el triunfo electoral de ayer.

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