Chile: los derechos humanos ante el avance de Piñera

Por Maximiliano Sbarbi Osuna (publicado en el diario BAE el 20/08/2009)

La semana pasada, en Chile, luego de un encendido debate, el Senado logró promulgar una ley que reconoce por primera vez la existencia legal de los desaparecidos, que permite a los descendientes el derecho a la sucesión, del que antes se veían privados.

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La sociedad chilena es una de las más polarizadas de Sudamérica, con respecto a qué medidas se deben tomar para resolver las secuelas que dejó el violento pasado de la dictadura. Todavía persiste el debate de cómo continuar avanzando sin que sigan abriéndose heridas ante la confrontación entre sectores que reivindican la represión y los que la rechazan y buscan justicia.

Coincidiendo con Argentina y Uruguay, el actual gobierno de Chile fue el que más impulso le dio a los reclamos de las víctimas del terrorismo de Estado. La parsimonia de la justicia produjo que Augusto Pinochet evitase ser enjuiciado por crímenes durante su mandato, primero por los fueros como senador vitalicio, luego por problemas de salud y por último por fallecimiento.

Actualmente, en los tres países se dan las condiciones para que los responsables de las represiones sean juzgados. El año pasado la justicia de Chile ordenó el arresto de 98 ex policías que actuaron en la Operación Colombo en 1975, en la que murieron 119 personas, siendo éste el procesamiento más numeroso desde la llegada de la democracia.

En Uruguay, se va a votar en octubre la posibilidad de derogar la Ley de Caducidad, que es similar a la de Obediencia Debida y Punto Final en nuestro país. De esta manera, se podrán reabrir causas que quedaron archivadas.

La semana pasada, en Chile, luego de un encendido debate, el Senado logró promulgar una ley que reconoce por primera vez la existencia legal de los desaparecidos, que permite a los descendientes el derecho a la sucesión, del que antes se veían privados. La dictadura argentina también intentó ocultar la existencia primero física y luego legal de los desaparecidos, cuando el dictador Jorge Videla los ubicó, en una conferencia de prensa, en un limbo jurídico, del cuál sólo pudieron salir con el advenimiento de la democracia y la demostración de la existencia de los sitios destinados al exterminio.

Los senadores de la Concertación, la alianza gobernante, fueron los que defendieron el derecho a la sucesión postergado por décadas, mientras que los representantes de la derecha, pusieron trabas al cuestionar la legitimidad de la ley, por no contar con el 60 % de los votos de los legisladores. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, se expidió al respecto y declaró que para este tema en particular la cámara debe contar con la mayoría simple de los votos para que el proyecto se convierta en ley.

Mientras que el gobierno del Frente Amplio, en Uruguay, y el kirchnerismo y los partidos de izquierda, en Argentina avanzan sobre las causas pendientes de la dictadura, en Chile crece el temor a la paralización de los procesos contra los miembros del gobierno de facto que se encuentran libres sin un juicio que determine el grado de culpabilidad.

Por primera vez desde la llegada de la Concertación al poder en 1990, la derecha encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales de diciembre. Si llegase a triunfar el candidato Sebastián Piñera, el Parlamento también sufriría un giro a la derecha, que podría provocar la suspensión de los juicios a los militares y policías implicados en crímenes de la dictadura.

Muchos analistas se cuestionan por qué todavía casi la mitad de los chilenos apoyan al gobierno de Pinochet, a pesar de los asesinatos y de la desigualdad social que produjo.

La respuesta podría estar en que el modelo macroeconómico chileno funcionó muy bien, ubicando al país entre las primeras economías emergentes del mundo por largo tiempo.

Sin embargo, durante la década del 70 los asesores económicos del Plan Cóndor, los llamados Chicago Boys – grupo de técnicos económicos de la Escuela de Chicago liderada por Milton Friedman – llevaron a la economía chilena al desastre.

Recién en la década siguiente, el gobierno decidió alejarse de las estrictas recetas neoliberales y así comenzó el crecimiento, pero con una pésima redistribución. Pese a las sugerencias de los Chicago Boys, el cobre, la industria más poderosa de Chile, nunca fue privatizada.

Durante el debate parlamentario de la semana pasada, varios periodistas denunciaron la intención revanchista del oficialismo, al igual que en nuestro país. Pero, no se trata de venganza, sino de poder cerrar el pasado en paz y con justicia.

Todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos deben ser juzgados, pero discriminando los distintos grados de responsabilidad. El terrorismo de Estado constituyó un crimen mucho más grave que el cometido por las guerrillas del cono sur. Los destinos de los ciudadanos estaban en manos de las dictaduras, que con el apoyo del departamento de Estado norteamericano y la cooperación militar interregional provocó torturas, matanzas y desapariciones.

La puerta abierta por el gobierno de Michel Bachelet corre el riesgo de cerrarse si la derecha logra obtener la mayoría parlamentaria en diciembre, pero aun existe la esperanza de que las instituciones chilenas hayan alcanzado la madurez suficiente para poder ordenar el pasado sin impunidad.

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