Lula y la privatización parcial del Amazonas

Por Maximiliano Sbarbi Osuna (publicado en el diario BAE el 13/07/2009)

Paradójicamente, mientras el presidente brasileño estaba siendo homenajeado por la UNESCO por su contribución a la paz, la semana pasada en París, activistas de Greenpeace irrumpieron en la ceremonia con carteles que acusaban al mandatario de perjudicar al medioambiente por evitar la protección de la Amazonia.
A fines del mes pasado, el Parlamento de Brasil aprobó una ley por la cuál el Estado legitima la tenencia de facto de una enorme porción de tierras amazónicas para la explotación comercial, como la cría de ganado y el cultivo de semillas de soja y cereales.

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Unas 70 millones de hectáreas, lo que equivale a la superficie total de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos juntas es el área que el Parlamento autorizó a ocupar.

Contra los pronósticos y las presiones de organizaciones ambientalistas, el presidente Lula da Silva vetó solamente dos incisos de la ley, lo que en la práctica no resulta significativo para detener la deforestación.

El primero autorizaba la posesión de tierras a personas que no residieran en la región, mientras que el segundo permitía a empresas obtener la propiedad de los terrenos.

Dentro de tres años, los nuevos dueños pueden vender las tierras, lo que provoca conjeturas sobre la posibilidad de que algunas empresas pudiesen adquirirlas mediante artificios jurídicos.

En África esta práctica es corriente y legal. Por ejemplo en Madagascar, la empresa coreana Daewoo compró por 99 años la mitad de las tierras cultivables para producir maíz, que va a ser utilizado para generar biocombustibles.

Los tímidos vetos de Lula no fueron más profundos debido al poder que ostentan los sectores agroexportadores brasileños, que cuentan con varias bancas en el Parlamento y que permitieron que se elaborara y aprobara esta ley.

Actualmente, el 25 % de la Amazonia brasileña se encuentra en manos privadas – latifundistas, ganaderos y terratenientes -, mientras que el 28 % está destinado a reservas de población indígena y zonas forestales.

Del 47 % restante, el gobierno brasileño privatizó 67,4 millones de hectáreas, lo que afecta directamente al pulmón del mundo y a la protección de una de las mayores reservas de agua dulce del planeta.

Peligro ecológico

Las Organizaciones no Gubernamentales Greenpeace y WWF (World Wide Fund for Nature) anuncian que se van a incrementar los incendios en la Amazonia debido a las sequías que también van a aumentar. Por eso, se recomienda evitar la deforestación, que ronda el 1% de la superficie amazónica por año.

Pero, no sólo la tala de árboles genera un peligro ambiental, sino que las actividades agrícolas necesariamente utilizan pesticidas, lo que va a provocar que se contaminen las cuencas hidrográficas y el suelo.

Por otro lado, con esta ley se está premiando a los que ya ocupan las tierras y las explotan de facto. A partir de ahora, no van a tener necesidad de pagar multas por la violación a las leyes forestales.

Por eso, Lula afirmó que esta resolución parlamentaria contribuye a la paz, ya que se va a evitar que el ejército desaloje a quienes sacan provecho de las tierras amazónicas, que administraba el Estado.

Sin embargo, la Amazonia cumple una función primordial en el mantenimiento del equilibrio ecológico mundial, por ende no le pertenece al Estado brasileño, sino que éste debe ser el que la administre y la preserve.

Algunos analistas señalan que los poderosos sectores terratenientes brasileños van a presionar, mediante golpes económicos o nuevas iniciativas parlamentarias para que se derogue la ley forestal, que indica que sólo el 20% de las tierras amazónicas pueden utilizarse con fines productivos.

La protección de la biodiversidad y del medioambiente significa para estos sectores un gasto superfluo y un obstáculo que impide producir bienes exportables. De esta manera, se está perdiendo el sentido primordial de la agricultura y la ganadería, que es la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población.

En segundo lugar se ubica el lucro. Los productores están en su derecho de explotar sus tierras con fines productivos o para generar ganancias, pero de ninguna manera se debe alterar el medioambiente con actividades que provoquen daños irreversibles, que con el tiempo también van a agotar las posibilidades de utilizar a la Amazonia con propósitos económicos.

El rédito es sólo a corto plazo, ya que el cambio climático, que produce sequías y contaminación va a ser contraproducente tanto para la selva amazónica, como para los inversores que pretendan usufructuar sus tierras, que en gran parte se volverán infértiles.

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