Comienza el juicio a Shell por graves denuncias en Nigeria

Por Maximiliano Sbarbi Osuna (publicado en el diario BAE el 1/06/2009)

Una mezcla de ilusión y suspicacia es lo que genera el hecho de que una de las mayores empresas multinacionales del mundo se encuentre afrontando un juicio por violaciones a los derechos humanos en África. Esta semana comienza en Nueva York el proceso judicial contra la petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell por la muerte de nueve activistas defensores de los derechos sociales y ambientales del pueblo Ogomi del sur de Nigeria.

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El poeta y líder del movimiento pacífico ogomi, Ken Saro-Wiwa, que se manifestaba desde 1990 en contra de los abusos de Shell y del gobierno nigeriano, fue ahorcado junto a otros ochos compañeros, luego de un juicio sin garantías en 1995.

La justicia norteamericana utiliza dos leyes para poder juzgar crímenes fuera del territorio de los EE.UU, que habilitan a las víctimas de tortura y asesinatos extrajudiciales en el extranjero, a llevar a juicio a los supuestos responsables.

Las pruebas contra Shell, que fueron reunidas por familiares de las víctimas y Organizaciones No Gubernamentales, son tan contundentes que el tribunal norteamericano que está a cargo del juicio las consideró viables.

Historia sangrienta

Shell, la segunda compañía petrolera del mundo, dirigió la política nigeriana en tiempos de democracia y dictaduras. Opera en el país desde 1958, cuando se descubrió que Nigeria, que aun era una colonia británica, albergaba las mayores reservas de crudo del continente.

El Movimiento Ogomi fue creado en 1990 por Saro-Wiwa para impedir que continuaran las actividades petroleras que ocasionaban graves perjuicios medioambientales, como contaminación de ríos por vertidos de residuos, muerte de peces, privación del acceso al agua potable a la población local y la lluvia tóxica que arruina las cosechas.

De acuerdo a un informe de Human Rights Watch, entre 1976 y 1996 se han producido 4.835 vertidos de petróleo en la región del Delta del caudaloso río Níger, que equivale a 12 toneladas de metano diario altamente contaminante.

Los activistas Ogomi fueron apresados y condenados a muerte durante la dictadura de Sani Abacha, que se interrumpió abruptamente por un paro cardíaco luego de ingerir altas dosis de Viagra.

La imagen de la empresa Shell se tiñó de sangre en todo el mundo, aunque los directivos afirman que intercedieron ante el gobierno de Abacha para que tuviera clemencia con los manifestantes.

Sin embargo, es sabido que los sucesivos gobiernos nigerianos protegen las instalaciones de Shell para evitar los sabotajes por parte de los ambientalistas y de los robos de los vendedores de petróleo que operan en el mercado negro. Para ello, Shell financia con armas al ejército nigeriano.

Luego del asesinato de Saro-Wiwa, otras comunidades crearon sus propias guerrillas para combatir al ejército y a Shell. La más importante fue el Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger, formada por miembros de la etnia Ijaw.

La criminalización de los Ijaw se origina no solamente en gobierno de Nigeria, sino que también sucede en las metrópolis occidentales. Si bien es cierto que se producen atentados contra las instalaciones de Shell, hay que diferenciar esos sabotajes de los robos de petróleo con fines comerciales.

Varios analistas señalan a mercenarios que actúan financiados por la empresa petrolera francesa ELF, que quedó fuera de las concesiones de los pozos al morir el dictador Abacha.

Además, no deja de ser extraño que luego de la llegada de empresas petroleras chinas a Nigeria en 2006, los ataques de los Ijaw descendieran considerablemente, lo que presupone que Pekín también podría haber financiado a esta guerrilla para perjudicar a Shell y lograr el ingreso de capitales chinos al octavo país exportador de crudo del mundo.

Sean ciertos o no estos argumentos, la lucha del pueblo Ijaw no deja de ser legítima y el juicio contra Shell despierta esperanzas de que no sólo puedan detener algunos de los males que causa la actividad petrolera sin control en África, sino que sentaría un importantísimo precedente jurídico.

Si este juicio prospera podrían sucederse otros contra las petroleras. Chevron podría verse obligada a pagar US$ 27 mil millones por contaminar la selva ecuatoriana. Exxon Mobil, está acusada por pobladores indonesios que sufrieron abusos por parte de militares que protegen una planta de gas de la compañía en ese país.

Sin embargo, se vuelve a abrir el debate mundial sobre la jurisdicción de los tribunales. ¿En qué casos es legítimo que se juzguen crímenes en territorios extranjeros cuando no haya implicados ciudadanos de los países que juzgan? ¿Por qué Milosevic y el presidente de Sudán Al Bashir son requeridos por el Tribunal de la Haya y no otros líderes occidentales?

Seguramente, cuando la justicia mundial demuestre su imparcialidad y juzgue a todos los responsables del mundo que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos, sean del país que fueren, la extraterritorialidad de los tribunales va a ser verdaderamente justa.

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