Los reclamos indígenas en Colombia

Por Maximiliano Sbarbi Osuna (publicado en el diario BAE)

La política de Uribe de reprimir los movimientos sociales y de asociar libremente disidencia con terrorismo puede llegar a constituir un revés para el gobierno, que se ve acorralado por las múltiples protestas sindicales y por la gran capacidad organizativa de los indígenas, que desde 1991 reclaman legítimamente las tierras que el gobierno se comprometió a devolvérselas.

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La columna de 25 mil indígenas procedentes del departamento sureño de Cauca llegó a Cali para apoyar a sus líderes en el encuentro que mantuvieron ayer con el presidente Álvaro Uribe, a quién le reclamaron la restitución de grandes hectáreas confiscadas, la firma de un acuerdo sobre los derechos de los pueblos originarios, el respeto al medioambiente por parte de las empresas multinacionales de gas y petróleo y el rechazo a la firma de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

La muerte de tres manifestantes luego de la feroz represión policial de la semana pasada provocó un levantamiento masivo de varias de las comunidades nativas de todo el país, que se sumaron a la marcha.

No es extraño que el gobierno haya reaccionado con violencia policial y verbal contra los manifestantes de los pueblos originarios. En primer lugar, todo acto opositor lo suele catalogar dentro del concepto de terrorismo o funcional a éste. Terrorismo para este gobierno es el de las FARC y no el de los Paramilitares, que han asesinado a miles de campesinos acusándolos de colaborar con las guerrillas opositoras.

Un informe de Human Rights Watch acusó al gobierno de Uribe de conspirar contra las pesquisas judiciales que hubiesen condenado a varios líderes paramilitares, ya que al extraditarlos a los EE.UU., el proceso de investigación independiente se vio interrumpido en Colombia. Además, en los EE.UU. serían juzgados por los delitos de narcotráfico y no por las atrocidades que cometieron en Colombia.

En segundo término, la actual administración se encuentra inmersa en una serie de huelgas simultáneas de diversos sectores que no tienen precedentes: un paro de jueces que duró 40 días y que paralizó el sistema judicial colombiano, huelgas de los sindicatos de camioneros y de los cortadores de caña de azúcar y luego del 12 de octubre se agregó la larga marcha indígena. Varios frentes abiertos desorientan al gobierno, que acusa al opositor Polo Democrático y a las FARC de estar detrás de las manifestaciones para desestabilizar al gobierno.

La ironía que maneja el presidente Uribe y sus ministros al referirse al problema indígena debería ser tomada como una provocación y no como una visión diferente de la situación. Ante la muerte de tres indígenas, luego de los disparos policiales, Uribe aceptó que la policía se había excedido, pero culpó a los supuestos terroristas infiltrados de manipular explosivos artesanales que detonaron prematuramente y provocaron la muerte de los manifestantes.

Otra muestra de sarcasmo por parte de Uribe es que el gobierno había puesto como condición para la reunión que los indígenas pidieran perdón, ya que 32 policías resultaron heridos por los piedrazos de los manifestantes, mientras que el gobierno evitaba pedir perdón por los asesinatos de indígenas por parte de las fuerzas de seguridad.

En los últimos 10 años más de 1500 indígenas fueron asesinados por policías o grupos paramilitares.

La burla continuó con el vocero de Uribe, quien manifestó que durante el actual gobierno “se ha reducido la violencia y la persecución contra los indígenas”, como si fuese legítimo continuar haciéndolo pero en menor medida.

El estigma racista heredado de la colonia que caracteriza a los nativos como ociosos y violentos continúa durante este gobierno, que incumple sus promesas de brindarle los derechos básicos a los pueblos originarios, que fueron despojados de sus tierras durante 516 años, e integrarlos a la república con equidad.

Las acusaciones de que las FARC están dirigiendo las protestas pretenden desvirtuar los objetivos legítimos del reclamo, ya que aunque exista el apoyo de los guerrilleros a los indígenas, los pueblos nativos han sido víctimas de la guerra civil . Además del olvido de los sucesivos gobiernos, las comunidades indígenas se han visto atrapadas en el fuego cruzado entre las FARC y los Paramilitares, quiénes además a lo largo de las décadas han asesinado a varios líderes nativos.

En Colombia hay 1.350.000 indígenas a los cuáles se les han asignado solamente 30 millones de hectáreas. Los líderes de las comunidades originarias alegan que el 30 % de esas tierras se encuentran ocupadas por otros dueños, que no todas las tierras son cultivables y que unos 400 mil indígenas no disponen de territorios. Dieciocho comunidades indígenas están al borde de la extinción por la desidia del gobierno.

En la última década unos 54 mil indios han tenido que huir de sus tierras por las persecuciones del gobierno y por causa de la guerra civil. La zona de Cauca, en donde habitan la mayoría de los pueblos indígenas es una zona petrolera, por eso el gobierno se muestra reticente en cederla a los nativos.

La política de Uribe de reprimir los movimientos sociales y de asociar libremente disidencia con terrorismo puede llegar a constituir un revés para el gobierno, que se ve acorralado por las múltiples protestas sindicales y por la gran capacidad organizativa de los indígenas, que desde 1991 reclaman legítimamente las tierras que el gobierno se comprometió a devolvérselas.

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