Bolivia: La nueva Constitución agrava el conflicto interno

Por Maximiliano Sbarbi Osuna

Finalmente, la nueva Constitución impulsada por el oficialismo fue aprobada el domingo pasado en una maratónica sesión de 13 horas, en el bastión oficialista de Oruro, en lugar de Sucre, ciudad original de la Asamblea Constituyente, para evitar que se volvieran a repetir los choques con los opositores, como ocurriera el pasado 24 de noviembre, con el resultado de tres muertos y trescientos heridos.

Ver también: ¿Se nacionalizan realmente los hidrocarburos en Bolivia?

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Presidente Evo Morales

La polémica Carta Magna suscita numerosas críticas, principalmente entre las regiones ricas del oriente boliviano, una gran porción de la clase media y de los sectores asociados con empresas multinacionales que operan sobre los recursos naturales del país.

Algunas de las objeciones tienen que ver con la supuesta ilegitimidad de la Asamblea, en la cuál estuvieron ausentes los representantes del principal partido opositor Podemos, cuyo líder es Jorge Quiroga, quien fuera vicepresidente del ex dictador Hugo Banzer.

Los 411 artículos fueron sancionados por dos tercios de los presentes, en lugar de dos tercios de los asambleístas en total, ya que si se hubiera dado este caso, el oficialismo no habría podido aprobarlos por la ausencia de legisladores.

La nueva Constitución fue presentada en medio de una grave crisis política que afecta la institucionalidad boliviana. Cinco de los nueve gobernadores mantienen un feroz enfrentamiento con el gobierno del presidente Evo Morales y han llamado a la desobediencia civil.

Además de no enviar representantes a la Asamblea Constituyente, los gobernadores disidentes han recurrido a varias tácticas desestabilizadoras, que van desde multitudinarias marchas, hasta un viaje a Washington para que la Organización de Estados Americanos intervenga en esta crisis política.

Los mismos gobernadores que acusan a Morales de antidemocrático han llegado a golpear a las puertas de los cuarteles clamando por un golpe de estado contra el presidente.

Sin embargo, quedan por delante varias pruebas electorales. Una de ellas es la ratificación de esta nueva Carta Magna mediante un plebiscito. Si llegase a ser aprobada, al electorado boliviano le espera la convocatoria a nuevas elecciones generales el año que viene.

Pero, la más riesgosa de las votaciones lo constituye el referéndum revocatorio al que llamó Evo Morales para intentar destrabar la crisis que tiene paralizada la vida política de Bolivia. En esta contienda electoral se podrá dirimir si tanto el presidente como los nueve gobernadores van a continuar su mandato o en caso contrario deberán renunciar.

Esta peligrosa propuesta podría complicar aun más el panorama político, ya de por sí violento, debido a que existe la posibilidad de revalidar en sus cargos a Morales y a varios de los gobernadores opositores simultáneamente, lo que reforzaría a la oposición y daría paso a un enfrentamiento civil aun mayor.

En este momento, el riesgo se maximiza con la reciente pérdida del referéndum constitucional del aliado de Morales, el presidente venezolano Hugo Chávez. Quizás para evitar la misma suerte, el oficialismo boliviano eliminó la reelección indefinida del nuevo texto constitucional.

El rechazo a Evo Morales se viene manifestando desde que asumió en enero de 2006 y sobre todo cuando firmó el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, que afecta a la mayoría de las compañías extranjeras de gas y petróleo.

En el caso de Bolivia, la nacionalización consiste en el incremento del porcentaje que percibe el estado por la extracción de gas, que se amplió del 50 a 82 %. Esto conforma un aumento de 500 a 1.000 millones de dólares anuales, lo que constituye el 23 % del PIB nacional.

A pesar de este avance, Morales evita rever los contratos de privatización del gas firmados en las décadas pasadas, omisión que legitima el accionar de las multinacionales.

El rol regional que cumple Bolivia es el de abastecer de gas a Argentina, Brasil y Chile. La renegociación de los contratos con los países vecinos fue beneficiosa para el Estado boliviano, que antes cobraba precios por debajo de la media internacional.

Tras la nacionalización, las empresas frenaron gran parte de las inversiones, lo que pondría en peligro el suministro de gas hacia Argentina y Brasil, aunque el gobierno manifestó que está buscando volver a estimular el desarrollo de la infraestructura del gas para evitar el incumplimiento de los compromisos internacionales.

Mientras tanto, habrá que esperar al referéndum revocatorio, que es un arma de doble filo para el gobierno, ya que la oposición ha sabido capitalizar el descontento de algunos sectores medios, que en 2005 votaron por Evo Morales. Si embargo, el presidente se juega a todo o nada para poder continuar con las reformas del Estado y aspirar a la reelección si la Constitución llegara a ser aprobada por el voto popular.

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