¿Se nacionalizan realmente los hidrocarburos en Bolivia?

Por Maximiliano Sbarbi Osuna

A pesar de contener partes oscuras, poco precisas y ambiguas, el Decreto Supremo 28701 firmado por el presidente boliviano ha sido objeto de varias críticas antagónicas entre sí. Se ha dicho que mediante este decreto se legitimarían las privatizaciones en materia energética realizadas en la década del 90 por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, contrariamente se manifestó que Evo Morales llevaría adelante una expropiación similar a los regímenes comunistas de Europa Oriental y por otro lado se sostuvo que el estado boliviano sólo nacionalizaría las reservas de hidrocarburos, y que necesita para ello renegociar los contratos con las compañías extranjeras.

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Presidente Evo Morales

Lo cierto es que la firma de este decreto se produce en un marco convulsionado en las relaciones de los estados latinoamericanos entre sí y además de éstos con las empresas multinacionales. Los tratados de Libre Comercio que han firmado algunos de los países de la Comunidad Andina (CAN) y que amenaza con firmar Uruguay, sumado a la influencia de Venezuela en Bolivia, están provocando la ruptura de la CAN y del Mercosur.

Pelea con Brasil

El presidente brasileño Lula da Silva, a pesar de haberle brindado apoyo en la campaña electoral a Evo Morales, está sufriendo fuertes presiones internas para que negocie con Bolivia la supuesta nacionalización de los hidrocarburos, que afectaría principalmente a la semi estatal Petrobras. Por otra parte, una renegociación de contratos desfavorable para esta empresa significaría un descrédito tal que sumados a los escandalosos casos de corrupción muy cercanos al presidente, podría llegar muy debilitado a las elecciones de octubre.

A pesar de que la empresa no se vea privada de obtener buenas ganacias, ni de ser expropiadas sus refinerías, ni sus maquinarias, un descenso marcado de los réditos podría afectar la imagen del gobierno brasileño ante las presiones de Petrobras. Pero, si el gobierno boliviano se endurece, Brasil va a tener que negociar porque depende demasiado del gas boliviano.
¿Nacionalización parcial?

Concretamente, mediante el decreto sólo se nacionalizarían las reservas del subsuelo, ya que aquél no dice nada de las ganancias del proceso de extracción, refinado, manufacturación y exportación de hidrocarburos, por lo que las empresas transnacionales, como British Petroleum, Petrobras, Total, Panamerican, Shell y Repsol (por citar a las más importantes), no dejarían de percibir ganancias. Precisamente por eso, están interesadas en renegociar los contratos y no amenazaron con retirarse de Bolivia.

Este decreto impulsaría la renegociación de contratos en condiciones más favorables para Bolivia, pero muchos analistas advierten sobre su ambigüedad en tanto que otorga un plazo de 180 días a las empresas para rever los contratos, de lo conrario el Ministerio de Hidrocarburos y Energía toma a su cargo las tierras donde se realiza la extracción, pero al mismo tiempo establece que se mantienen las normas vigentes hasta que sean renegociados los contratos.

Esta es la clave del asunto. Si pasados los 180 días las empresas se negasen a renegociar los contratos ¿se mantendrían las condiciones actuales y el decreto no serviría para nada? o ¿el gobierno mandaría a ocupar militarmente las instalaciones de las multinacionales rebeldes? ¿se debe a eso el despliegue de soldados en los campos de las transnacionales? o ¿es todo una demostración visual de fuerza que no obliga a hacer grandes concesiones a las empresas evitando que cambie demasiado el panorama desigual, que beneficia muchísimo a las empresas productoras y casi nada al estado?

Voces encontradas

Los medios que representan los intereses de las transnacionales hicieron un torpe análisis de lo que significa este decreto, acusando a Evo Morales de expropiar los medios de producción a las empresas extranjeras, perjudicando su inversión. Esto es totalmente falso, ya que las empresas podrán recuperar su inversión y seguir invirtiendo si así lo desean, porque este decreto no impide que obtengan ganacias de los procesos de extracción, refinado, manufacturación y exportación.

A estas voces críticas se sumaron, además de los directivos de las principales empresas implicadas, el Primer Ministro Británico Tony Blair, el Canciller austríaco Wolfgang Schüssel y el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan.

Sin embargo, están los que acusan a Evo Morales de demagogo, ya que afirman que si realmente se quisiera poner fin a la desigualdad que existe en Bolivia con respecto a los hidrocarburos habría que investigar las iregularidades cometidas durante el proceso de privatización, ya que al firmar un decreto el gobierno estaría legitimando las turbias privatizaciones, y el contrabando de gas y petróleo acometido por varias transnacionales. Entre los que culpan a Evo de moderado se enmcuentra Jaime Solares, principal dirigente de la Central Obrera Boliviana.

Es claro que resulta difícil enjuiciar a las compañías por las enormes e injustas ganancias, ya que el estado boliviano avaló este proceso durante las presidencias de Sánchez de Lozada, Hugo Bánzer, Tuto Quiroga y Carlos Mesa.

Gasoducto del Sur

El gobierno boliviano redobló la apuesta al condicionar la entrada de Brasil al proyecto del gasoducto del sur impulsado por el presidente venezolano, Hugo Chávez, ya que inicialmente el plan consistía en unir a Venezuela, Brasil, Bolivia y Argentina mediante un gasoducto financiado enteramente por empresas estatales. Petrobras es estatal sólo en un 40 %, el resto le pertenece a empresas transnacionales.

La negativa boliviana aumentó la tensión entre los dos países, debido a que el gasoducto tiene que pasar obligatoriamente por territorio brasileño. Este proyecto estaría financiado por las empresas estatales: YPFB (Bolivia), Enarsa (Argentina), PDVESA (Venezuela) y Petrobras.

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